El Congreso Nacional aprobó una amnistía vehicular que permitirá a miles de propietarios de vehículos y motocicletas en Honduras ponerse al día con sus obligaciones tributarias sin pagar multas, recargos ni intereses acumulados por mora.
La medida tendrá una prorroga de dos meses a partir de su entrada en vigor y está dirigida a contribuyentes con deudas correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores.
¿Qué incluye la amnistía vehicular?
El decreto contempla la exoneración total de intereses moratorios, sanciones administrativas y recargos relacionados con la Tasa Única Anual de Matrícula de Vehículos.
Además, el beneficio también aplica a las Tasas Registrales Vehiculares administradas por el Instituto de la Propiedad (IP), permitiendo que los ciudadanos regularicen su situación sin costos adicionales derivados del atraso en los pagos.
La amnistía se extiende a las tasas viales municipales y otras contribuciones locales vinculadas al parque vehicular.
Con esta disposición, los contribuyentes podrán cancelar sus obligaciones pendientes sin asumir las sanciones económicas generadas por la mora, lo que representa un alivio para quienes acumulan deudas desde años anteriores.
Beneficio para quienes tienen acuerdos de pago
El decreto también favorece a los ciudadanos que mantienen acuerdos de pago vigentes con las instituciones responsables de la recaudación.
Durante el período de vigencia de la amnistía, estos contribuyentes no estarán sujetos al cobro de intereses por atrasos en las cuotas o compromisos financieros previamente establecidos.
Objetivo de la medida
Según lo aprobado por el Congreso Nacional, la amnistía vehicular busca reducir la carga económica de los ciudadanos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con los vehículos.
Al mismo tiempo, la medida pretende incentivar la recuperación de ingresos para el Estado mediante la regularización voluntaria de deudas pendientes.
Como mecanismo de control y transparencia, las instituciones encargadas de la recaudación deberán presentar un informe al Congreso Nacional una vez finalizado el período de vigencia del decreto.
El documento deberá detallar el impacto económico de la amnistía, el monto recuperado mediante los pagos realizados y los resultados obtenidos durante su aplicación.
La disposición, recientemente aprobada en el Congreso Nacional, entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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