La situación legal de Santiago Zúniga Cruz, el controversial personaje conocido popularmente como el "Apóstol Chago", ha tomado un giro dramático que mantiene en vilo a la opinión pública hondureña.
Tras ser detenido en la frontera de El Amatillo el pasado 4 de febrero, el predicador enfrenta un proceso penal en El Salvador, que ha escalado hasta los pasillos del Congreso Nacional en Tegucigalpa.
El origen del conflicto radica en una inspección vehicular donde autoridades salvadoreñas detectaron a un menor de edad, lo que derivó en una acusación formal por tráfico ilegal de personas.

Actualmente, el Juzgado de Paz de Pasaquina ha dictado prisión preventiva, una medida que ha generado intensos debates sobre si se trata de un proceso justo o de una medida desproporcionada.
Imágenes recientes sobre su evidente deterioro físico han encendido las alarmas entre sus seguidores, quienes cuestionan las estrictas condiciones del sistema carcelario salvadoreño para un hombre de 59 años.
Moción para que el Gobierno interceda por el apóstol Santiago Zúniga
Ante este panorama, el diputado liberal, Ricardo Elencoff, presentó una moción exhortativa ante el Pleno del Congreso Nacional para que la Cancillería, junto a organismos de derechos humanos, revise el proceso legal del hondureño y realice gestiones para garantizar el respeto a sus derechos, incluyendo acciones que permitan esclarecer su situación judicial.
El legislador argumenta que poseer un estilo de contenido mediático y provocador no es prueba suficiente para catalogar a un ciudadano como un "coyote" o traficante.
Durante su intervención, el congresista explicó que el apóstol Santiago Zúñiga “se ha ganado el cariño de miles de seguidores". “Los que conocemos a Santiago Zúñiga sabemos que no se dedica a esta actividad que supuestamente se le acusa”, sostuvo.

Por otro lado, la familia de 'Chago' denuncia una incomunicación total desde el inicio de su reclusión, lo que aumenta el drama humano detrás de este caso judicial de alto impacto regional.
Su hija, Mery Zúniga, ha pedido a la comunidad mantener la fe, mientras los abogados buscan desvirtuar las acusaciones de la fiscalía salvadoreña que hoy lo mantienen bajo custodia.
El desenlace de este caso marcará un precedente sobre la protección de los hondureños en el exterior y la eficacia de la gestión diplomática frente a crisis judiciales en países vecinos.
El país espera respuestas claras mientras el estado de salud del "Apóstol" sigue siendo la principal preocupación de quienes piden su pronto retorno a tierra catracha.
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