En una acalorada discusión en el Legislativo hondureño, los congresistas de las diferentes fuerzas políticas discutieron la derogación de ambos decretos aprobados durante la administración anterior, los cuales eran parte de los requisitos que solicita la Organización de Naciones Unidas (ONU) para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien señaló que estos decretos aseguraban "blindaje a los corruptos a través del lavado de activos y el secreto bancario".

El decreto 57-2020 obligaba al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción,

Mientras que el 93-2021 incluye varias reformas al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos; ambos necesitaban los 86 votos (mayoría calificada) de los congresistas para ser derogados.

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No se derogó el 4-2022 ni el 116-2019

En la discusión, el líder de la bancada del Partido Nacional (de derecha), Tomás Zambrano, solicitó que en las mismas derogaciones se incluyera el decreto 4-2022 relacionado a la amnistía política aprobada por la actual administración.

El decreto 4-2022 denominado "Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan", absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel "Mel" Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.

No obstante, la moción de Zambrano no fue tomada en consideración por "no estar en el asunto sometido a discusión", según señaló el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

"El asunto que se ha sometido a discusión es un dictamen que tiene que ver con la Ley de Lavado de Activos y el asunto que usted (Zambrano) está sugiriendo debe limitarse al que estamos hablando y usted está metiendo otro tipo de sugerencias", le explicó Redondo a Zambrano.

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De igual manera, no se sometió a discusión el decreto 116-2019, mismo que blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos; su derogación requiere de 86 de los 128 votos de los diputados (mayoría calificada).

La derogación de este último, también es una de las sugerencias realizadas por la ONU para la instalación de la CICIH en el país.

"Se derogan los pactos de impunidad que contenían el 57 y 93 que permitieron que muchos lavadores de activos salieran impunemente de sus juicios. Debo reconocer a Luis Redondo su voluntad y cumplimiento de su palabra que estos adefesios jurídicos serían derogados", aseguró el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

Condiciones para instalar la CICIH

El domingo 9 de julio arribó a Honduras una misión de expertos de la ONU que verificarán si en el país hay condiciones para la instalación de la CICIH.

La misión de la ONU evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento.

Además, contribuirá a actividades de asesoría y asistencia técnica e identificará las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias.

La ONU ha sido clara, mientras en Honduras no se cumplan las garantías legales mínimas que establecerá la misión de expertos, la instalación de la CICIH seguirá solo en una promesa.

Entre las recomendaciones de las Naciones Unidas están derogar la Ley del Fondo Departamental, aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, reformar el Código Penal y la Ley de Lavado de Activos, entre otras.

El Congreso Nacional se ha prestó, entonces, a derogar algunos decretos del pacto de impunidad, entre ellos, los decretos 57-2020 y 93-2021 (ya derogados) y el 116-2019 (pendiente de ser derogado).

CICIH en Honduras

La llegada a Honduras de una CICIH, con el apoyo de la ONU, es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.

Castro indicó este miércoles en Twitter que ha informado a la misión de expertos de la ONU, que el convenio para la instalación de la CICIH debe estar listo y firmado en los próximos meses.

"Personalmente hablaré con el secretario (de la ONU), Antonio Guterres. No podemos esperar más", aseguró Castro.

El 15 de diciembre de 2022, el Gobierno hondureño y la ONU suscribieron en Nueva York, Estados Unidos, un memorándum de entendimiento para lo que será la CICIH, de la que todavía no se ha fijado fecha para su instalación.

Dicho memorándum venció el pasado jueves 15 de julio. No obstante, el 16 fue ampliado hasta el mes de diciembre de 2023 para concluir la negociación del convenio.

El país ya contó con una Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Maccih fue instalada en 2016, pero en enero de 2020 el Congreso Nacional (de mayoría del Partido Nacional en ese entonces) no aprobó un segundo mandato de la Misión, que presentó acusaciones por actos de corrupción que salpicaron a diputados, funcionarios y exfuncionarios.

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