El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, considera que esta disposición debería ser competencia exclusiva del sistema jurídico y señala que los operadores de telecomunicaciones estarían obligados a entregar en menos de 24 horas el historial que les sea solicitado.

Específicamente, el artículo 23 de la iniciativa establece que los registros en cuestión incluyen llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto (entre terminales o vía internet), direcciones IP, y "otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que puedan implementarse en el futuro."

"Esto violaría los derechos de los hondureños, es preocupante. Además, creo que viola los derechos de algunos extranjeros porque estarían en la obligación de inscribir su celular si pasan más de 30 días en el territorio nacional", expresó Umaña al noticiero TN5 Matutino de Canal 5.

El diputado prevé que la próxima semana se agendará el tercer y último debate para la aprobación final de esta ley, que consta de 30 artículos enfocados en garantizar la seguridad de los hondureños a través del monitoreo de dispositivos electrónicos, como los teléfonos celulares.

Combate a la criminalidad requiere de controles adecuados

Marco Eliud Girón, diputado de Libertad y Refundación (Libre), señala que esta ley busca brindar seguridad a la ciudadanía en su lucha contra el crimen organizado, especialmente en casos de extorsión.

"Esas llamadas salen de las cárceles, utilizan teléfonos celulares y un chip (SIM card) entonces debe haber un mayor control. Las leyes deben ser más severas, pero evitando que se viole el derecho de privacidad de las personas", afirmó Girón.

El diputado recuerda que las escuchas y los vacíos telefónicos están permitidos con fines de investigación, pero únicamente mediante una orden judicial.