El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva normativa que permitirá enviar determinadas solicitudes de asilo directamente ante un juez de inmigración, sin realizar primero una entrevista con un oficial.
La disposición apareció en el Registro Federal el martes 28 de julio y entró en vigor ese mismo día.
Sin embargo, los funcionarios no tendrán que aplicarla en todos los casos de asilo afirmativo.
Los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán revisar los documentos, los antecedentes y las pruebas entregadas por el solicitante.
Con esa información decidirán si envían el expediente directamente a la Corte de Inmigración.
USCIS mantendrá las entrevistas cuando considere que puede aprobar o negar una solicitud. No obstante, podrá omitirlas cuando determine que un juez debe revisar el caso.
¿Qué ocurre cuando el caso llega ante un juez?
La nueva norma para el asilo en Estados Unidos elimina las referencias al “derecho” del solicitante a recibir una entrevista. Además, USCIS ya no tendrá que incluir una evaluación sobre su credibilidad en la carta de remisión.
Cuando la persona no tenga otro estatus legal para permanecer en Estados Unidos, el traslado del expediente podría iniciar un proceso de deportación.
Esto no significa que la expulsión será automática. El solicitante podrá explicar su caso ante un juez, presentar pruebas y pedir asilo u otra protección migratoria.
Los jueces forman parte de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia encargada de resolver si una persona puede permanecer legalmente en el país.
¿A cuántos solicitantes podría afectar?
USCIS asegura que la medida ayudará a reducir la acumulación de expedientes y permitirá concentrar recursos en los casos que realmente necesiten una entrevista.
El Departamento de Seguridad Nacional calcula que el cambio podría alcanzar 444,724 de los 1,434,145 casos pendientes al cierre del año fiscal 2025. La cifra representa cerca del 31 % del total.
También estima que unos 132,167 solicitantes por año podrían llegar directamente ante un juez por presentar tarde su petición, enfrentar una prohibición legal o no cumplir los requisitos.
En ese contexto, el nuevo proceso podría agilizar los trámites, tanto para las oficinas de gobierno como para los solicitantes, que podrán saber en poco tiempo si podrán acceder al asilo o tendrán que regresar a su país.
El Gobierno abrió un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos y podrá modificar la normativa antes de publicar su versión definitiva.
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