El Poder Judicial de Honduras reiteró a la población la vigencia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una herramienta que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas hacia niños y adolescentes y fortalecer el acceso a la justicia en el país.

Este mecanismo, en funcionamiento desde mayo de 2024, forma parte de las acciones orientadas a proteger el desarrollo integral de la niñez y promover la responsabilidad de los padres o responsables legales.

De acuerdo con la institución, la inscripción en este registro se realiza mediante orden judicial cuando una persona incumple con el pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternas de pensión alimenticia.

Además, el artículo 27 establece que la inscripción puede solicitarse por la parte interesada, ya sea de forma personal o a través de un representante procesal público o privado, sin necesidad de audiencia y mediante comparecencia presencial o virtual.

El sistema opera de forma electrónica a nivel nacional, lo que permite que la información esté disponible para su consulta a través del portal institucional.

Padres mororos en Honduras
Incumplir la pensión alimenticia ahora tiene consecuencias legales más estrictas. Foto: redes sociales

Consecuencias de estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

El artículo 7 detalla una serie de restricciones para quienes figuran en el registro.

La persona inscrita no podrá solicitar la apertura de cuentas bancarias, el otorgamiento o la renovación de tarjetas de crédito ni acceder a préstamos de ningún tipo.

Tampoco podrá gestionar la habilitación para la apertura de comercios o industrias, ni tramitar la emisión de pasaporte o la licencia de conducir, incluyendo su renovación.

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Asimismo, las autoridades detallaron que la eliminación del registro se realiza únicamente cuando el deudor cancela la totalidad de la deuda pendiente, lo que permite restablecer sus derechos en distintos procesos administrativos.

Durante 2024, el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán tramitó 3,975 demandas por distintas pretensiones, de las cuales cerca del 20.4 % correspondió a casos por alimentos.

Sumando un total de 810 solicitudes de pensión alimenticia en el departamento, mientras que en ese mismo año el nuevo Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) contabilizó a 20 personas inscritas.

En 2025 se reportaron más de 300 demandas por pensión alimenticia a nivel nacional, donde aproximadamente el 85 % de los demandados son hombres.

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