El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó un memorándum el 11 de junio donde aclara las circunstancias en las que se puede revocar la ciudadanía a personas naturalizadas.

El documento destaca que el gobierno tiene la potestad de iniciar procesos civiles de desnaturalización si una persona obtuvo su ciudadanía ilegalmente, mediante fraude o declaraciones falsas.

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Entre los criterios señalados, se establecen 10 categorías prioritarias para iniciar estos procesos:

1. Personas con vínculos con terrorismo, espionaje o tráfico de tecnología sensible.
2. Individuos implicados en crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.
3. Miembros de pandillas criminales o cárteles de drogas.
4. Personas que ocultaron delitos graves durante su naturalización.
5. Condenados por tráfico humano, delitos sexuales o violencia.
6. Involucrados en fraude financiero contra el gobierno.
7. Fraude contra particulares o corporaciones.
8. Naturalización obtenida mediante corrupción o falsedad.
9. Casos remitidos por fiscales aunque no encajen en las otras categorías.
10. Cualquier otro caso considerado prioritario por la División Civil.

Aunque no existe un orden jerárquico entre estas categorías, el DOJ afirmó que servirán como guía para enfocar esfuerzos legales

El memorándum enfatiza que la División Civil podrá actuar incluso fuera de esta lista si considera que el caso lo amerita.

Esta política ha cobrado fuerza en el contexto de medidas más estrictas sobre inmigración y ciudadanía, y podría afectar a miles de ciudadanos naturalizados con historial criminal o procesos pendientes.