El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, implementó una nueva directriz que amplía de forma significativa los criterios para negar visas a extranjeros.
Según un cable del Departamento de Estado fechado el 6 de noviembre y confirmado por The Washington Post, los consulados ahora deberán considerar la obesidad y otras condiciones médicas crónicas como posibles motivos de inadmisibilidad para solicitantes de visas temporales y de residencia permanente.
La medida, instruida por el secretario de Estado, Marco Rubio, se enmarca en una interpretación más estricta de la regla de carga pública, la cual permite rechazar solicitudes migratorias cuando se considera que la persona podría representar un costo para el sistema de salud estadounidense.
Con este cambio, las autoridades consulares tienen nuevas herramientas para determinar si un extranjero supone una eventual carga financiera para el Estado.
Una ampliación sin precedentes en el control médico
De acuerdo con el documento interno, los funcionarios deben evaluar condiciones como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales, alegando que pueden requerir tratamientos que superen los cientos de miles de dólares durante la vida del paciente.
El cable señala específicamente la obesidad como un factor a considerar, destacando su relación con apnea del sueño, hipertensión y depresión clínica.
Esto marca un giro notable: hasta ahora, solo las enfermedades contagiosas o condiciones que requerían institucionalización financiada por el Estado podían determinar la inadmisibilidad médica.
Vic Goel, abogado de inmigración en Virginia, advirtió que esta directriz “otorga a los funcionarios consulares una amplia discreción para denegar visas basándose en afecciones comunes que nunca habían sido un motivo de descalificación por sí solas”.
La medida tampoco pasó por los canales tradicionales de revisión dentro del Departamento de Estado, según reveló un funcionario bajo anonimato, señalando que fue una orden impulsada directamente por la cúpula política.
Más evaluaciones y nuevas causas de inelegibilidad
El cable también ordena tomar en cuenta otros factores, como la edad del solicitante, el número de dependientes, si alguno presenta discapacidades o necesidades especiales, y la capacidad económica para solventar tratamientos médicos de por vida sin depender de fondos públicos.
Asimismo, la directriz se aplica tanto a visas de no inmigrante incluyendo categorías laborales como la H-1B como a procesos de residencia permanente por empleo o reunificación familiar.
Los solicitantes humanitarios, como refugiados, quedan excluidos, aunque varios programas humanitarios fueron suspendidos por la misma administración.
Para expertos en migración, esta es una de las ampliaciones más fuertes de la regla de carga pública en décadas. Steven Heller, exfuncionario de inmigración, explicó que la medida da a los consulados “más motivos para no expedir una visa”, aumentando la discrecionalidad.
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Un impacto global en medio de cifras crecientes de obesidad
Según la Organización Mundial de la Salud, el 16% de los adultos en el mundo eran obesos en 2022, mientras que el 14% padecía diabetes. Bajo estos parámetros, millones de solicitantes podrían verse afectados por la nueva política.
La guía del Departamento de Estado también pide a los funcionarios calcular por su cuenta cuánto costarían a Estados Unidos las condiciones médicas de cada solicitante, cuestionando si cuentan con recursos suficientes para cubrir su atención sin caer en dependencia del Estado.
Un diplomático consultado por The Washington Post aseguró que esta directriz forma parte de una estrategia más amplia para limitar la inmigración legal, ralentizar trámites y elevar los índices de negación de visas.
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